La interminable crisis económico-financiera nos obliga a repensar nuestro Estado de Bienestar. La situación es complicada: se ha reducido el gasto público en sanidad y educación, las cotizaciones a la Seguridad Social son menores y la aplicación de la Ley de Dependencia se ha hecho más restrictiva. Además ha aparecido un problema lacerante ligado al desempleo de larga duración, la pobreza, cuya disminución debería ser una prioridad absoluta.

La recaudación tributaria, de la que dependen los recursos para atender esas necesidades ha sufrido también y no hay dinero para atenderlas como quisiéramos. No parece que subir la presión fiscal se pueda conseguir a corto plazo, aunque la aproximación a la media de la UE es un objetivo razonable.

¿Cómo afrontar estos problemas? Sobre todo no parcelándolos como suele hacerse porque se trata de vasos comunicantes. La política de protección social es un reto formidable a la que se dedica poca reflexión global. No se ve como un conjunto, está afectada por intereses sectoriales (las “mareas” de colores diversos) y los más necesitados (las familias pobres de mayor riesgo de exclusión) no están organizados. Además son competencias de las CCAA y eso contribuye a la dispersión. Por ello los partidos hacen propuestas casi siempre aisladas porque carecen de una estrategia con prioridades bien definidas.

Establecer prioridades no es fácil: en el campo social los problemas siempre afectan a personas concretas y su clasificación es arriesgada. Sin embargo, se pueden romper inercias o reformular principios definidos en otras épocas. La pobreza, especialmente la infantil, debería estar en primer lugar. Es un problema que se ha multiplicado con el desempleo, pero que vemos como algo marginal cuando afecta a más de un millón de familias. Las CCAA han dejado esa tarea a entidades privadas solidarias, que son encomiables pero a las que se escucha poco. Hay muchas acciones que se han perdido como las vacaciones para niños sin recursos, que las Diputaciones realizaban sin gran coste; es sangrante porque hay excelentes instalaciones creadas para ese fin que están cerradas.

Otro principio que resulta ya injusto es el “todo para todos y gratis”, tan querido en ciertos medios sanitarios. La universalidad sanitaria debe estar matizada por la renta personal y las capas sociales que superen ciertos niveles pueden contribuir con un copago. Algo parecido ocurre con la enseñanza, dónde ciertos barrios o áreas deprimidas necesitan refuerzos de profesores e incluso de comedores aunque en otros barrios más pudientes se pida alguna renuncia a las familias. De hecho, en la atención a la discapacidad ya se hace así, porque se tiene en cuenta la situación económica de cada persona.

Podríamos extender los ejemplos de inercias a superar. Europeos más ricos que nosotros se asombran con nuestras excelentes autopistas, más modernas que las suyas y sin peaje, cuando ellos pagan casi siempre. En lo peor de la crisis se han inaugurado variantes espectaculares, a las que se podría haber impuesto un pago, aunque fuese temporal.

Otro problema que se nos va a agravar es del envejecimiento y las pensiones. En España, cuando se empezó a implantar una moderna Seguridad Social en 1950, la esperanza media de vida a los 65 años era 12,75 años; en 1998 era 18,25 y en 2012 se estimó en 19,6.

Vivir más años significa más tiempo percibiendo una pensión, haciendo uso de los servicios sanitarios y mayor riesgo de discapacidad final. Las pensiones en España sufren de falta de financiación. Los cotizantes han disminuido con la crisis y sus salarios y cotizaciones son bajos. Por eso ha sido necesario utilizar el Fondo de Reserva acumulado en los años 2000 al calor del crecimiento del empleo y los salarios y favorecido por una pirámide de población mayor disminuida por la Guerra Civil. Ese Fondo suponía 67.000 m € en 2011 y bajó a 41.600 en 2014. ¿En el futuro, habrá que complementar las cotizaciones con impuestos? Eso significaría menos dinero para sanidad o educación.

El campo de la Protección social y el Estado de Bienestar es casi infinito y las dificultades no desaparecerán cuando se recupere la economía. Nunca hay una vuelta automática a la normalidad del pasado. De esta crisis se saldrá con una sociedad más desigual y habrá que esforzarse por tener una visión más amplia, con prioridades más claras y menos deseos de contentar a todos.

Excmo. Sr. D. Julián García Vargas
Mayo 2015